El Plan Estratégico del gobierno de Puerto Rico excluye a más de 600,000 trabajadores de la empresa privada y a 51,500 trabajadores municipales. Tampoco incluye a los 94,000 desempleados, a los pensionados y retirados, a las personas sin hogar y a los trabajadores informales quienes son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad.
Por Laura Mía González
OPINIÓN
Ayer nos levantamos con la noticia de la primera mujer puertorriqueña fallecida por contagio de Covid-19 al tiempo que en Puerto Rico los casos siguen en aumento con 79 contagiados confirmados y tres fatalidades.
A punto de cumplirse dos semanas desde que comenzó el periodo especial y el toque de queda impuesto por la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la mayoría de los puertorriqueños no ha podido abrir sus negocios o ir a sus centros de trabajo. Este cese provocaría un masivo cierre de comercios y pérdidas de empleos si se prolonga el tiempo de emergencia provocado por el COVID-19 y si el gobierno no toma las medidas apropiadas para ayudar a los sectores más afectados. La industria hotelera ha informado miles de despidos y se vislumbra que esa tendencia siga en otras industrias perjudicadas por el cierre forzoso y el toque de queda.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DRTH) informa que más de 46,000 trabajadores han solicitado desempleo en los pasados 10 días. Según la secretaria de la agencia, Briseida Torres Reyes, esta es una situación sin precedentes.
La nueva ola de despidos y de cesantías agrava la ya precaria situación económica de los puertorriqueños quienes viven en la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos. Según datos del CENSO, a diciembre de 2019 se calculaba que el 44.5% de la población puertorriqueña vivía en una situación de inseguridad económica y bajo el nivel de pobreza.
Recientemente, el gobierno de Puerto Rico puso en vigor un Plan Estratégico que de manera excepcional busca mitigar a corto plazo el efecto adverso de la pandemia en la economía. Estas medidas se quedan cortas y no hacen justicia a ciertos sectores de la sociedad, en especial a los más vulnerables y necesitados.
Trabajadores del sector público
El Plan Estratégico dispone que los trabajadores del servicio público continuarán cobrando sus salarios. Esto aplica a todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que están en sus casas y que no pueden continuar laborando. En Puerto Rico hay 134,200 trabajadores de agencias y corporaciones públicas. Según indicó la Gobernadora, el pago de salarios se hará de forma indefinida mientras dure la emergencia provocada por la pandemia.
Trabajadores municipales
La continuidad del pago de salarios no aplica a los trabajadores municipales. Quedan desprotegidos 51,500 trabajadores. El pago de salarios dependerá de las providencias que tomen los alcaldes y de la finanzas municipales. Hasta ahora no se ha reportado de algún municipio que haya despedido o dejado de pagar salarios en medio del cierre.
Trabajadores por cuenta propia
En Puerto Rico existen más de 170,000 trabajadores por cuenta propia, que incluye a 19,000 trabajadores agrícolas y a 44,000 de la industria de la construcción. El Plan Estratégico les da a estos trabajadores un único pago en efectivo de $500.00. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que la solicitud comenzaría a partir del lunes 30 de marzo.
Según la Carta Circular del Departamento de Hacienda con fecha de 26 de marzo de 2020, los cuentapropistas deben estar registrados en el sistema SURI y deben tener su Certificado de Comerciante vigente al 15 de marzo de 2020. Además, el cuentapropista deberá tener registrada en su cuenta SURI un número de cuenta bancaria y número de ruta ya que los depósitos se harán únicamente de manera electrónica.
Los cuentapropistas registrados, pero con su Certificado de Comerciante inactivo pueden actualizarlo en el portal SURI. Sin embargo, aquellos que no estén registrados al 15 de marzo de 2020, no podrán solicitar el incentivo.
Además del incentivo de $500, los cuentapropistas podrían de manera excepcional, solicitar asistencia de desempleo. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) solicitó autorización al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos para que le autorice incluir a los cuentapropistas. Este es un beneficio que regularmente no cobija a los trabajadores por cuenta propia.
Dueños de pequeñas y medianas empresas
Los pequeños y medianos comerciantes que han tenido que cerrar operaciones debido a la emergencia del Covid-19, recibirán un incentivo de $1,500 dólares. Para propósitos de este incentivo un pequeño y mediano comerciante es aquel comercio que tiene menos de 50 empleados y que no cualifican para las ayudas federales.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio anunciará pronto cómo solicitar el incentivo.
Trabajadores de salud, emergencias médicas, oficiales del orden público, oficiales de corrección y bomberos.
A los trabajadores que están en primera fila de respuesta, se les dará un bono desde $2,500 a $4,000. Los enfermeros y enfermeras, técnicos de salud, trabajadores de emergencias médicas, policías, bomberos, oficiales correccionales y otros trabajadores de profesiones afines, tendrán derecho a este incentivo especial.
Cientos de miles de puertorriqueños quedan fuera del plan de incentivos del gobierno de Puerto Rico
El plan de incentivos del gobierno excluye a miles de puertorriqueños. Según las estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la población civil de Puerto Rico de personas mayores de 16 años era de 2,616,00 a enero de 2020. De esos, 962,000 conforman el empleo total formal y 94,000 son desempleados.
El Plan Estratégico del gobierno de Puerto Rico incluye incentivos para 304,200 trabajadores (134,200 los trabajadores públicos del gobierno y 170,000 cuentapropistas), y deja fuera a 605,500 trabajadores de la empresa privada y 51,500 municipales. A este grupo se suman los 94,000 desempleados, los pensionados y los trabajadores informales.
Trabajadores de empresa privada
Puerto Rico era hasta hace unos años unas de las jurisdicciones con mayores protecciones para la clase obrera. Desde un tiempo para acá, muchos de los derechos laborales se eliminaron para adelantar una agenda neoliberal que busca maximizar la ganancia al capital mientras pone en precario a los trabajadores. La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 cambió las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa privada, aumentó los períodos probatorios y redujo sustancialmente la licencia de vacaciones. La ley también hizo más fácil el despido y disminuyó las compensaciones por despido injustificado.
Ante este escenario, los más de 600,000 trabajadores puertorriqueños de la empresa privada quedan desprovistos de garantías laborales. Por razón de la pandemia, pueden ser despedidos muy fácilmente, con pocos o ningún beneficio. Este trabajador despedido a lo único que tendría derecho es al beneficio de desempleo, si cualifica. Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el máximo de este beneficio es de $190.00 a la semana por un periodo de hasta 26 semanas.
Retirados e incapacitados, desempleados, los sin hogar y los trabajadores informales
El número estimado de personas que están fuera de la fuerza laboral por razón de estar retirados es de 425,000 y 200,000 los incapacitados. Hay 94,000 desempleados y se estima que otros miles participan de la economía informal. Hay en Puerto Rico más de 2,500 personas sin hogar. La situación de estos puertorriqueños es la más compleja. Este es el grupo más vulnerable de nuestra sociedad y el menos atendido.
Los retirados y los incapacitados componen el grupo de mayor riesgo por ser en su mayoría personas mayores de 60 años y con condiciones de salud que los hacen más vulnerables a infecciones graves o fatales derivadas del COVID-19. Muchos de los retirados y de los incapacitados reciben ayuda directa de sus familiares, quienes están sin trabajo debido a la emergencia de Covid-19. Este grupo de puertorriqueños no está incluido en el Plan Estratégico anunciado por el gobierno.
Tampoco se incluye a los trabajadores informales, quienes no tienen un vínculo formal con el gobierno y a quienes no se les reconoce como cuentapropistas o como asalariados. Su situación de precariedad limita el acceso de los trabajadores informales a ayudas gubernamentales, a vivienda propia y a servicios de salud. La situación se complica para estos trabajadores ya que la economía informal se nutre principalmente de la actividad económica formal la cual está paralizada en este momento.
El gobierno atendió a la población de personas sin hogar mediante la Orden Ejecutiva 2020-25 que ordena crear centros para atender a esta población, proveer diagnósticos, cuidados médicos básicos, instalaciones para aseo personal, lavado de ropa, alimentación y otros servicios dirigidos a evitar el contagio y propagación del virus. Sin embargo, no se incluye a esta población en el Plan Estratégico y tampoco se provee para darles incentivos económicos.
Urgen medidas adicionales para proteger a los más vulnerables
El Plan de Emergencia del gobierno no es suficiente para minimizar el impacto del cierre y del toque de queda en la población más vulnerable de Puerto Rico. Al momento, no está claro si se añadirán medidas económicas complementarias, especialmente para nuestra población más pobre quienes son los que están en mayor riesgo. Hay miles de puertorriqueños en aislamiento social sin garantías sociales ni medios económicos de subsistencia.
El gobierno debe garantizar que las pruebas de Covid-19 sean gratuitas y que no se le cobre a los pacientes por el tratamiento médico. Ningún puertorriqueño debería dejar de hacerse la prueba o de visitar un hospital por no tener dinero o un plan de salud. Hoy se reporta que la primera fatalidad de un adolescente en Estados Unidos fue la de un menor de 17 años que se le negó asistencia médica de emergencia por no tener un plan médico. En Puerto Rico hay más de 300,000 personas sin plan médico.
Mientras dure la emergencia, todos los trabajadores de las empresas privadas deben tener un ingreso garantizado. Urge aprobar un estipendio mensual para todos los puertorriqueños, sin distinguir su situación laboral, si es o no trabajador formal, si es retirado o si es una persona sin hogar. Todos los trabajadores deben tener derecho a seguro de desempleo y se debe expandir el programa de Asistencia Nutricional para que ningún puertorriqueño se acueste sin comer. Urge aprobar legislación para que ningún trabajador sea despedido de su trabajo. Los cobros de hipotecas deben cesar inmediatamente y de forma automática. Además, el gobierno debe regular el mercado de bienes raíces de manera de los arrendadores no puedan desahuciar a sus inquilinos durante este periodo especial.
Mientras la pandemia sigue avanzando, cientos de miles de puertorriqueños viven en la incertidumbre de verse sin medio de sustento y sin ayuda del gobierno. Esta crisis humana ha agudizado las desigualdades económicas y sociales que se han acumulado durante muchos años. El peso de cargar con la crisis no puede dejarse a los más vulnerables quienes tienen los menos recursos para combatirla.
