Por Laura Mía González
Desempleado, con sus ahorros tocando fondo y desamparado por el gobierno. Así narró Wilberto a Infoclave la situación de incertidumbre que vive desde que se anunció la cuarentena obligatoria hace ya más de un mes.
“No tenía suficiente ahorros, tengo una hija de 15 años en el colegio, no he podido pagar pensión, no he podido pagar nada, lo poco que tengo es para comer”- dijo preocupado el hombre de 53 años y residente de Trujillo Alto. Cuando le preguntamos cuánto tiempo más podría aguantar nos dijo que “una o dos semanas más, si estiro el chicle. En dos semanas no tengo la mas mínima idea de lo que voy a hacer”.
Wilberto no es el único en esta situación y es que ya se cumplen 40 días desde que comenzó el periodo especial y el Toque de Queda impuesto por la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la mayoría de los puertorriqueños no ha podido abrir sus negocios o ir a sus centros de trabajo. Con el encierro, llegó el hambre y la desesperanza.
La nueva ola de despidos y de cesantías provocadas por el Covid-19, agrava la ya precaria situación económica de los puertorriqueños quienes viven en la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos. Según datos del CENSO, a diciembre de 2019 se calculaba que el 44.5% de la población puertorriqueña vivía en una situación de inseguridad económica y bajo el nivel de pobreza.
“El 13 de marzo fue mi ultimo día de trabajo, tan pronto comenzó el toque el 16, la construcción en la que trabajaba se paralizó”- dijo Wilberto quien trabajaba como inspector en la industria de la construcción. “Quedamos desempleados, desde ese día, ese es mi único ingreso, desde marzo 14 hasta el día de hoy no he recibido un dólar”- expresó.
“Me fui el viernes 13 y el domingo 15 anunciaron la cuarentena” contó a InfoClave Sandra quien era mesera en un restaurant de Condado. “El restaurante cerró y desde entonces el dueño jamás se ha comunicado conmigo. No he recibido salario ni ayuda del gobierno”.
Mientras el gobierno de Puerto Rico sigue bajo fuego por la manera en que ha manejado la emergencia, en muchos hogares puertorriqueños la situación se vuelve cada vez más insoportable, se acaban los ahorros y todavía no se recibe la tan prometida ayuda del gobierno. El 24 de marzo de este año, se puso en vigor un Plan Estratégico que de manera excepcional buscaba mitigar a corto plazo el efecto adverso de la pandemia en la economía. Estas medidas se han quedado cortas y no han hecho justicia a ciertos sectores de la sociedad, en especial a los más vulnerables y necesitados.
Trabajadores por cuenta propia
En Puerto Rico existen más de 170,000 trabajadores por cuenta propia, que incluye a 19,000 trabajadores agrícolas y a 44,000 de la industria de la construcción. Desde que comenzó el periodo especial de cierre y toque de queda, este gran sector de trabajadores sólo ha recibido 500 dólares. Algunos, no pudieron recibir este incentivo ya que debían estar registrados en SURI y debían tener su Certificado de Comerciante vigente al 15 de marzo de 2020.
Esa fue la primera solicitud de ayuda gubernamental que gestionó Wilberto – “verifiqué el estatus en SURI y no cualifiqué para los 500 porque no tenía mi certificado al día. No sé si todavía esté a tiempo, pero desistí”- dijo el cuentapropista.
A este grupo de trabajadores se les prometió asistencia de desempleo de manera excepcional. A esta fecha, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) no ha realizado el desembolso de fondos. Según comunicó la secretaria de agencia, Briseida Torres, las solicitudes estarían disponibles este próximo martes pero, los trabajadores desconfian del gobierno, para ellos, la ayuda no llegará pronto.
“Van a venir con un truco, van a venir con un cambio de última hora, ese dinero nunca va a llegar” – manifestó con preocupación Wilberto.
Cientos de miles de puertorriqueños quedan fuera del plan de incentivos del gobierno de Puerto Rico
El plan de incentivos del gobierno excluye a miles de puertorriqueños. Según las estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la población civil de Puerto Rico de personas mayores de 16 años era de 2.6 millones a enero de 2020. De esos, 962 mil conforman el empleo total formal y 94 mil son desempleados.
Hasta ahora, los incentivos gubernamentales sólo atienden a un grupo limitado de poco más de 300 mil trabajadores y deja fuera a 6.5 mil trabajadores de la empresa privada y 51.5 mil municipales. A este grupo se suman los 94 mil desempleados, los pensionados y los trabajadores informales.
Trabajadores de empresa privada
Puerto Rico era hasta hace unos años unas de las jurisdicciones con mayores protecciones para la clase obrera. Desde un tiempo para acá, muchos de los derechos laborales se eliminaron para adelantar una agenda neoliberal que busca maximizar la ganancia al capital mientras pone en precario a los trabajadores. La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 cambió las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa privada, aumentó los períodos probatorios y redujo sustancialmente la licencia de vacaciones. La ley también hizo más fácil el despido y disminuyó las compensaciones por despido injustificado.
En medio de la pandemia, 600 mil trabajadores de la empresa privada han quedado desprovistos de garantías laborales y muchos de estos han sido cesanteados con pocos o ningún beneficio. Este trabajador despedido a lo único que tendría derecho es al beneficio de desempleo, si cualifica.
A esta fecha, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DRTH) ha recibido más de 300 mil solicitudes de desempleo, la mayoría de éstas no han sido procesadas lo que ha creado un caos y un ataponamiento en la agencia.
“La plataforma no sirve, jamás han contestado el teléfono, cuatro números y siempre están ocupados. Estuve tratando desde marzo y finalmente pude llenar el primero de abril, desde ese momento nunca recibí respuesta del Departamento del Trabajo” nos contó Sandra quien a la fecha espera por contestación de su solicitud de desempleo.
Muchos de los trabajadores de la empresa privada han quedado confinados en sus hogares y sin fuentes de ingresos. El DTRH no ha podido responder a las solicitudes de desempleo con la premura y la urgencia que amerita la emergencia, dejando a este grupo laboral en el desamparo.
Retirados e incapacitados, desempleados, los sin hogar y los trabajadores informales
El número estimado de personas que están fuera de la fuerza laboral por razón de estar retirados es de 425 mil y 200 mil los incapacitados. Hay 94 mil desempleados y se estima que otros miles participan de la economía informal. Hay en Puerto Rico más de 2,500 personas sin hogar. La situación de estos puertorriqueños es la más compleja. Este es el grupo más vulnerable de nuestra sociedad y el menos atendido.
Los retirados y los discapacitados componen el grupo de mayor riesgo por ser en su mayoría personas mayores de 60 años y con condiciones de salud que los hacen más vulnerables a infecciones graves o fatales derivadas del COVID-19. Muchos de los retirados y de los discapacitados recibían ayuda directa de sus familiares, asistencia que ya no llega porque éstos están sin trabajo debido a la emergencia de Covid-19. Este grupo de puertorriqueños no está incluido en el paquete de ayudas anunciado por el gobierno por lo que han tenido que pasar la cuarentena con menos dinero para comprar comida y medicamentos.
Hay otro grupo de trabajadores informales y de inmigrantes, quienes no tienen un vínculo formal con el gobierno y a quienes no se les reconoce como cuentapropistas o como asalariados. Su situación de precariedad limita el acceso de los trabajadores informales a ayudas gubernamentales, a vivienda propia y a servicios de salud. La cuarentena ha limitado el acceso a recursos para estos trabajadores ya que la economía informal se nutre principalmente de la actividad económica formal la cual está paralizada en este momento.
Aun cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la Orden Ejecutiva 2020-25 que ordena crear centros para atender a la población de personas sin hogar, esto se ha quedado en el papel ya que esta población no ha sido atendida adecuadamente y tampoco se les ha brindado incentivos económicos.
Por su parte, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ha recibido más de 90 mil solicitudes nuevas, de éstas sólo el 10% han sido procesadas. “Me dijeron que yo era elegible, que ellos necesitaban que le enviara ID con foto y agua y luz por email, ese mensaje rebotó el 17 de abril, supuestamente tienen buzones donde tú puedes llevar pero no he conseguido información sobre la localización de esos buzones”- contó Sandra a InfoClave quien todavía espera por la contestación del Departamento de la Familia a su solicitud del PAN.
Urgen medidas adicionales para proteger a los más vulnerables
Las medidas económicas del gobierno no han sido suficientes para minimizar el impacto del cierre y del toque de queda en la población más vulnerable de Puerto Rico. Al momento, la mayoría de los puertorriqueños no ha recibido ayuda y no está claro si se añadirán medidas económicas complementarias, especialmente para nuestra población más pobre quienes son los que están en mayor riesgo. Hay miles de puertorriqueños en aislamiento social, pasando hambre y sin garantías sociales ni medios económicos de subsistencia.
A la incapacidad administrativa del gobierno de Puerto Rico se suma la tardanza del Tesoro de los Estados Unidos para liberar los fondos asignados por la CARES Act, que incluye un incentivo de $1,200 para cada ciudadano puertorriqueño. El gobierno de los EEUU impuso mayores requisitos a Puerto Rico que a los estados para el desembolso del dinero y su retraso nos recuerda la negligencia y la actitud discriminatoria demostrada por la administración Trump después del huracán María.
Mientras el dinero se acaba, los empleos se pierden y la ayuda prometida no llega, se agota también la paciencia en los hogares puertorriqueños. La ansiedad y la incertidumbre aumentan y no se sabe cuándo ni cómo volveremos a la “normalidad”. Los grandes comercios ya están en campaña para reabrir la economía al tiempo que los científicos advierten que todavía no estamos listos para flexibilizar las medidas de distanciamiento social y el Toque de Queda. Hasta tanto no tengamos un sistema confiable de rastreo y hasta que no se realicen pruebas masivas, los trabajadores no pueden regresar a sus centros de trabajo.
En este escenario, sólo queda que el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal y del gobierno de los Estados Unidos cumplan con su responsabilidad de velar porque los ciudadanos puertorriqueños tengan medios para subsistir mientras dura el periodo especial de cierre y Toque de Queda.
