Por Eugenio Hopgood Dávila
La abogada de Mabel Cabeza envió al presidente cameral “Johnny” Méndez evidencia de textos de Whatsapp en las que el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, le había solicitado a la exfuncionaria de Salud, “solicitudes y favores” relacionados a “conocidos, amistades y partidarios”, según las palabras de la licenciada Jennie Mariel Espada.
En la carta recibida por Méndez el viernes pasado, se solicita al presidente cameral que se le dé a Morales la oportunidad de inhibirse en el proceso de las vistas durante el testimonio de Cabeza. La abogada Espada planteó en la carta que los interrogatorios sobre el fallido intento de comprar un millón de pruebas de Covid-19 por $38 millones han ido centrándose en la exfuncionaria lo que podría responder a represalias de Morales por no haber atendido sus solicitudes de “favores a amigos y partidarios”.
La seria imputación a Morales en esa carta “privada” a Méndez puede haber tenido el efecto de “ablandar” al presidente de la Comisión de Salud, quien ha sido protagonista de las audiencias televisadas y en ocasiones interrogando agresivamente a los deponentes y amenazándolos con referidos de perjurio.
En cambio, tras varios episodios de llanto, la señora Cabeza, quien fue enlace de La Fortaleza con el Task Force Médico, pareció tomar el control de su propio interrogatorio, ofreciendo explicaciones convenientes que nadie le pedía, despachando preguntas con evasivas burdas como “es que yo ni miraba mis emails” y en actitud de control del proceso.
Aunque el tema de la solicitud de inhibición había sido reseñado por varios medios, con referencia al tema del alegado “ánimo prevenido” de Morales contra Cabeza, no se había revelado el asunto de los alegados “favores” solicitados por el representante Morales hasta hoy que las cartas fueron publicadas en su cuenta de Twitter por el periodista Javier Colón Dávila, quien cubre las vistas legislativas para El Nuevo Día. Ni siquiera el medio para el que labora Colón publicó ni reseñó la carta hoy.
“Surgieron una serie de textos por whatsapp en los cuales el Rep. Morales le hacía solicitudes de índoles variadas relativas a conocidos, amistades y partidarios. Al preguntarle a la Sra Cabeza si las solicitudes, favores y seguimiento que el Rep Morales le hiciera fueron resueltos según sus expectativas, la respuesta fue en la negativa”, escribió la abogada de Cabeza.
La licenciada Espada agregó en su carta a Méndez que le enviaban la comunicación en forma “privada” para darle oportunidad a que Morales se inhibiera y no se formara un “circo mediático” con su explosivo contenido.
A su vez, Méndez respondió el 4 de mayo en otra carta en la cual acusa recibo de la misiva y de las copias de los mensajes de whatsapp y los despacha como gestiones normales de un legislador, una interpretación sumamente distinta a la forma en que las califica la representante legal de Cabeza.
“..he podido observar con detenimiento los documentos que me envió. En ellos no veo mensajes inapropiados ninguna otra situación que no sea a un legislador ejerciendo esfuerzos de coordinación de trabajo gubernamental”, sostiene Méndez al reiterar que Morales tiene su confianza y seguirá presidiendo las vistas.
¿Qué dicen los mensajes? Un asunto muy público (Análisis)
Mientras tanto, los mensajes que según Cabeza y su abogada, son solicitudes de favores a partidarios y a amigos de Morales, mientras que para el presidente cameral son “esfuerzos de coordinación de trabajo gubernamental” permanecen fuera del ojo público y fuera del ojo de agencias que deberían estar investigando el asunto.
El hecho es que si la caracterización que hace la licenciada Espada sobre los mensajes enviados por Morales a Cabeza, en términos de solicitar “favores” a una funcionaria a favor de “amistades” y “partidarios” resulta correcta, estaríamos ante posibles delitos cometidos por el representante Morales.
La ética de los legisladores está reglamentada por su propio cuerpo legislativo, en este caso la Cámara de Representantes y ya con la respuesta de Méndez está claro que la mayoría absolvería a Morales de cualquier falta ética relacionada con estas comunicaciones.
Sin embargo, hay disposiciones de ley como el artículo 254 del Código Penal de Puerto Rico que podrían ser evaluados por investigadores correspondientes del Departamento de Justicia para examinar si hay posibles delitos.
Según dicho artículo, el delito de Intervención indebida en las operaciones gubernamentales, lo comete aquel “que intervenga sin autoridad de ley o indebidamente en cualquier… operación del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de beneficiarse o beneficiar a un tercero” y se expone a una pena fija de tres años de cárcel y multa de hasta $10,000.
Las autoridades pertinentes deben investigar el asunto y si Méndez tiene razón que se dé por terminado el asunto y si Cabeza tiene razón que se procese.
Pero el proceder más transparente por parte de Morales y de Méndez, quien alega que no hay conducta impropia ni delito, debe ser publicar el contenido de todos los mensajes de Whatsapp para que el Pueblo pueda informarse y llegar a sus propias conclusiones.
