Por Laura Mía González
Cuando en el año 1993 el exgobernador Pedro Rosselló impuso su Reforma de Salud, en Puerto Rico había un Sistema Público de Salud controlado y administrado por el gobierno. En aquellos tiempos, el estado era dueño de las instalaciones hospitalarias, los servicios médicos eran gratuitos para los indigentes y no había intermediarios ni aseguradoras. El gobierno era el pagador único de médicos y suplidores. Aquel Sistema, que comenzó en 1954, era lo más parecido a un Sistema de Salud Universal.
Con la Reforma del exgobernador Roselló, comenzó un desastroso proceso de desmantelamiento y de privatización de la salud pública. El estado entregó la administración de los fondos públicos de salud a las aseguradoras y vendió sus hospitales y centros médicos a empresas privadas. Los puertorriqueños indigentes y de escasos recursos migraron de un sistema de salud que les garantizaba servicio médico gratuito y de calidad a un sistema de salud privado con servicios mucho más limitados.
Hoy, nuestro modelo de salud es un conglomerado de instalaciones hospitalarias privadas, incoherente, descentralizado e inconexo. El estado tiene poco o ningún control sobre las operaciones de los hospitales y de los centros de salud. La puesta en marcha de la privatización dejó nuestra salud a merced del libre mercado y del afán de lucro.
La pandemia Covid-19 ha puesto en jaque el modelo de privatización de los servicios de salud y es de esperarse que cuando los recursos, las instalaciones y el personal de salud están en manos privadas, se antepone el afán de lucro a la salud y la vida de la gente. No hemos llegado al pico de la crisis del Covid-19 y ya comenzamos a escuchar noticias sobre cesantías y suspensión de empleo trabajadores de la salud. Ayer se anunció que el centro Salud Integral de la Montaña (SIM) suspendió de empleo y sueldo a 137 trabajadores, el San Jorge Children & Women’s Hospital suspendió a 244 y el Puerto Rico Women and Children’s Hospital, en Bayamón, suspendió a 150.
Estas cesantías y suspensiones de trabajadores de la salud es el inicio de la crisis que se avecina. A medida que los casos positivos de Covid-19 aumenten, se necesitará más capacidad hospitalaria y más personal médico. Atender esa necesidad de vida o muerte no puede dejarse en manos de la empresa privada.
Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González declaró que buscará “formas para incentivar a hospitales se mantengan abiertos”. El Secretario no explicó cuáles eran esas formas y tampoco mencionó la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico tome el control de las instituciones de salud privadas para garantizar la mayor capacidad hospitalaria en Puerto Rico en el momento en que lleguemos al pico de contagios por Covid-19.
Ya se cumplen 19 días desde que se firmó la primera Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que obligó a los puertorriqueños a quedarse en sus casas y a la mayoría de los comercios a permanecer cerrados. La Orden, cuya legalidad está fundamentada en el estado de excepción creado por la Declaración de Emergencia Covid-19, resultó en la cesión de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos y en la supresión de derechos propietarios de los dueños de comercios.
En virtud de ese mismo estado de excepción y de emergencia de Covid-19, el gobierno debe tomar la medida extrema de ocupar y controlar los servicios de salud privados cuando haga falta para proteger la vida y la salud de la población. La Ley Orgánica del Departamento de Salud faculta al Secretario de Salud para que, en caso de epidemia, tome “las medidas que juzque necesarias para combatirla”. La misma legislación le da autoridad al Secretario para emitir órdenes para prevenir un daño irreparable a la salud y el bienestar público.
Si el gobierno ha podido cerrar comercios, ¿por qué no puede controlar un hospital privado que presta un servicio esencial a la población?
En España, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad intervino con todos los proveedores de salud privados y los puso bajo el control público. Son los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas quienes podrán disponer de todos los medios necesarios del sistema privado para hacer frente a la epidemia.
Salvador Illa, secretario del Ministerio, confirmó que la medida de nacionalización de las instituciones de salud busca que la sanidad pública, privada y militar quede bajo un mando único del Gobierno, “con capacidad para requisar material sanitario o centros privados, como los hospitales o las empresas farmacéuticas, entre otras instalaciones”.
Por su parte, el gobierno de Irlanda hizo lo propio y tomó el control de todas las instituciones hospitalarias privadas. El ministro de Salud del país europeo, Simon Harris, declaró que en la respuesta al Covid-19 “no puede haber lugar para la disputa entre público y privado”.
“Por supuesto que debemos tener igualdad de tratamiento, los pacientes con el virus serán tratados gratis y serán tratados como parte de un sistema hospitalario nacional unificado. Mientras dure esta crisis, el Estado tomará el control de todas las instalaciones hospitalarias privadas y administrará todos los recursos para el beneficio común de toda nuestra gente. No puede haber espacio para lo público frente a lo privado cuando se trata de una pandemia ”, dijo Harris.
En este momento histórico es inaceptable que el control de los servicios de salud de Puerto Rico esté en instituciones privadas. La necesidad de los ciudadanos de obtener servicios médicos adecuados no puede estar en pugna con el libre mercado y con el capital. No debe haber tregua ni condescendencia con aquellas instituciones de salud que se nieguen a prestar servicios a los contagiados de Covid-19 y tampoco debe dejarse al arbitrio de sus ejecutivos la decisión de cerrar o de disminuir su personal.
Ante la incontrovertible emergencia y el peligro que representa para nuestra población la pandemia de Covid-19, debemos exigir al gobierno que tome medidas más estrictas y ponga a disposición de los puertorriqueños el control y la administración de todos los recursos de salud que están en manos privadas de manera que estén al servicio de los ciudadanos mientras dure la pandemia.
